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Ayer a las 15:30 horas culminó el proceso de secesión iniciado en 2010 por la organización criminal conocida coloquialmente como el Clan del Pinyol. Esta mafia, disfrazada de partido político -aunque había varios de ellos asociados al mismo negocio, además de CDC-, instrumentalizaba la Generalitat de Catalunya en su beneficio material y privado. Porque, a pesar de sus declaraciones patrióticas, el meollo de las fuerzas políticas implicadas en la sedición anti-española esconden una sola motivación, de carácter puramente económico y egoísta: el dinero; pero no para el pueblo catalán, sino para las élites regionales. Si el Estado hubiera ofrecido en su momento un pacto fiscal a la vasca o alguna otra concesión de tipo crematístico, posiblemente no se habría llegado a este extremo. Pero el “procés” adquirió a partir de 2012 una dinámica propia que escapó al control de los aprendices de brujo convergentes. Las escenas de anteayer, con las masas concentradas en la plaza de Sant Jaume de Barcelona acusando a Puigdemont de traïdor, son un buen ejemplo de esta transmutación, cuyo motor más importante ha sido, como es bien sabido, la CUP.

En efecto, a diferencia de la CUP, la finalidad última de aquella mafia, dirigida por Jordi Pujol i Soley y su inmediato núcleo familiar, consistía únicamente en el saqueo regular, sistemático e institucionalizado del erario público autonómico. Y ello mediante el cobro de comisiones ilegales a cambio de decisiones políticas y administrativas prevaricadoras favorables a ciertas empresas privadas, las cuales, en contrapartida, pagaban el correspondiente tributo en metálico. Con este modus operandi mafioso, la máquina se alimentaba a sí misma: dichas contribuciones permitían al partido en cuestión o a sus auxiliares disponer de cantidades ingentes de recursos para las campañas electorales, además de llenar los bolsillos de los políticos profesionales corruptos. Un porcentaje se reinvertía, otro sufragaba el lujoso tren de vida del “pueblo elegido”, cuyo modelo político, como los mismos interesados han reconocido, es nada menos que el Estado de Israel. Empresas no competitivas ficticias y políticos dopados con dinero negro fijaban así los dos pilares de la oligarquía regional en forma de régimen familiar: doscientos clanes de apellido catalán “puro” que han convertido Cataluña en su finca privada y a los catalanes, sobre todo los castellanohablantes, en súbditos laboriosos esclavizados de la arrogante élite étnica. Ésta, encarnada por un grupo de unas 400 personas, contaba con nutridos “cuadros intermedios”, alrededor de 150.000 parásitos, colocados a dedo en cientos instituciones donde amigos, familiares, correligionarios, amantes y clientes recibían la anhelada recompensa por su “patriotismo”. Vigilando de paso, celosamente, como guardianes in situ del montaje mafioso, sus respectivos ámbitos de influencia local o sectorial.

Para mantener en funcionamiento el gigantesco dispositivo de saqueo hubo que adoctrinar a dos millones de catalanes en una ideología que redujera a prácticamente cero su inteligencia y capacidad crítica. A tales efectos, había que constituir cientos de agencias, instituciones, fundaciones, asociaciones, cargos y órganos con diferentes funciones en el lavado de cerebro general. El papel de TV3, las radios y la prensa local en todo este tinglado resulta de sobra conocido. También es ya vox populi el papel de las escuelas, públicas o privadas, que debían ir ampliando la base social del sistema para conseguir que cada vez más gente se convirtiera en cómplice pasiva de la mafia y soporte electoral de los partidos e instituciones oligárquicas. Una auténtica trama criminal atenazaba Catalunya. La disminución de las facultades intelectuales de los ciudadanos catalanes caminaba de la mano con la de sus facultades morales, porque todo ese ejército, de forma expresa o tácita, aspiraba a obtener también algún privilegio como pago por su lealtad feudal. Mentir se convirtió en profesión. El mérito no importaba, sino sólo la sumisión; y cuanto más idiota, mendaz y abyecto, más obediente, más confiable el energúmeno. Frente a esta selección a la inversa de canallas mafiosos quedaba el enemigo, a saber, la simple ciudadanía honrada, objeto del expolio. En eso consistía la esencia del mal llamado “nacionalismo catalán”: una sociedad de castas organizada en perjuicio de la mayoría de los catalanes, condenados, por sus apellidos, lengua habitual, estatus social u opiniones, a permanecer sometida y vampirizada por las élites extractivas sionistas en la base de la pirámide sociológica.

El talón de Aquiles del régimen familiar era, empero, a pesar de todo, también el dinero. Los oligarcas son codiciosos y operan como una plaga de langostas. El robo, y no las ideas, es lo único que ha mantenido unido al régimen familiar. Sin embargo, la Generalitat de Catalunya –que incluye, no lo olvidemos, los ayuntamientos, verdadera cueva de Alí Babá del régimen pujolista- tenía que ir colocando siempre a más cargos en nuevos chiringuitos dependientes del erario público. Cuando un miembro medio de la oligarquía era nombrado garrapata de libre designación, la ley no escrita de la sociedad de castas pujolista prescribía que había que recolocarlo, tras su cese, en otro cargo con el mismo rango honorífico y nivel de ingresos. Y éstos no eran pocos. Los mínimos superaban siempre los 3000 euros al mes. Todos los partidos del régimen tenían que respetar esta norma con los enchufados de los otros partidos. De manera que a cada nueva elección, había nuevos nombramientos, pero también una remesa de cargos cesados por recolocar. La masa de los parásitos iba, pues, creciendo cada cuatro años y lastraba, como una pesada losa, el presupuesto de la Generalitat de Catalunya hasta desembocar en la actual bancarrota. El Clan del Pinyol contó siempre con la complicidad de las mafias políticas que, en el resto de España, realizaban el mismo tipo de negocios -con escasas variantes- que en Cataluña, constituyendo una suerte de cártel mafioso estatal donde cada uno de los socios disponía de su propio territorio de parasitación y saqueo. Sin embargo, la crisis del 2008 provocó una escasez tal de cash que hacía imposible satisfacer las demandas, siempre perentorias e insaciables, del Clan del Pinyol. Madrid se negó a obedecer las exigencias del pesebre catalán y Pujol amenazó con romper el pacto que, tras el caso Banca Catalana, había firmado con Felipe González y la Casa Real: dinero para todos a cambio de paz nacionalista en las calles. Es en ese justo momento que comienza el “proceso soberanista” cuya culminación contemplamos el pasado 27 de octubre con la proclamación de la DUI en el Parlament de Catalunya. Poco patriotismo, magra cosecha de libertad ciudadana o democracia, mucho menos todavía una cuestión de justicia social. La solemne escenificación  fue, más que la fundación de la República Catalana como han creído muchos ingenuos, el final del pujolismo, es decir, el acta de defunción del último retoño ilegítimo del franquismo.

La Marca Hispànica, 28 de octubre de 2017