ADEMÁS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EXISTE UNA RESPONSABILIDAD MORAL Y POLÍTICA DE PP, C’S Y VOX. No caben muchas dudas, a primera vista, sobre la negligencia del gobierno de Pedro Sánchez Castejón en la matanza que está sufriendo el pueblo español y, singularmente, los ciudadanos madrileños, tan afectados por la pandemia. Pero existe también una responsabilidad político-moral de los partidos de la oposición que participaron en el 8-M o no desconvocaron actos multitudinarios, como el congreso de Vistalegre. Todos los políticos de la casta —los de Podemos no escapan ya al estigma— se han retratado ante los ciudadanos españoles en el espejo de una criminal frivolidad e incompetencia de letales consecuencias. Las plataformas cívicas que, sin duda, se están organizando ya o se organizarán, deben por tanto evitar ser instrumentalizadas por la derecha, que utiliza a las víctimas para obtener réditos electorales. 

Las bochornosas declaraciones de Irene Montero, en las que se exoneraba a sí misma por el crimen del 8-M, descargando en los expertos la responsabilidad de sus actos, no se sostienen. La explosión del brote italiano estaba ya entonces a la vista de todos. En efecto, según El Mundo, ese día:

En Italia hay 366 muertos y casi 6.500 infectados. El Gobierno amplía la “zona roja” y decreta el aislamiento hasta el 3 de abril de Lombardía y de 14 provincias del norte, con 16 millones de habitantes. Se clausuran teatros, cines, museos y monumentos, mientras que bares y restaurantes solo podrán abrir hasta media tarde. No se celebran manifestaciones por el día 8M.

Con esas cifras del país vecino y 600 contagiados en España, no era menester recurrir a expertos para decretar, por pura prudencia y sentido común, la prohibición de todos los actos públicos multitudinarios, incluida la manifestación feminista, sustituyéndolos, si era posible, por algún otro tipo de celebración. En lugar de ello, el gobierno español actuó de forma temeraria manteniendo la convocatoria del 8-M, evento al que asistieron unas 120.000 personas. Actuó Sánchez por motivos propagandísticos y electoralistas, que pasaron por delante de las más elementales consideraciones de salud pública. Porque a partir del 8 de marzo es cuando se produce el inevitable estallido de la pandemia en Madrid, con los efectos catastróficos por todos conocidos.

RESPONSABILIDAD PENAL

Según el artículo 142 del Código Penal:

El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años. Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho. Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a seis años. Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años.

Parece que, aunque aquí no basta la opinión de un lego sino la de un jurista o una sentencia para aseverarlo con contundencia, las decisiones, actuaciones y omisiones del gobierno en el 8-M pueden tener encaje en el rubro de la imprudencia profesional. Los abogados deben empezar a trabajar ya para que, una vez superada la pandemia, los políticos tengan que responder por los delitos que hayan podido cometer en el ejercicio de su cargo. 

RESPONSABILIDAD MORAL Y POLÍTICA

No está claro que pueda hablarse de responsabilidad penal en el caso de los partidos de la oposición y de las entidades que mantuvieron sus convocatorias para el 8-M u otros actos públicos multitudinarios como el congreso de Vistalegre de Vox. Pero, en todo caso, existe una responsabilidad moral y, por tanto, política, que en este caso, a tenor de la gravedad de las consecuencias gravísimamente lesivas, sólo puede saldarse con la dimisión.

El mismísimo Santiago Abascal —a diferencia del resto de los líderes de la derecha— ha pedido perdón por su error. Reconoce, pues, la responsabilidad moral que le incumbe por los muertos que Vistalegre haya podido ocasionar. Y cualquier intento de exonerarlo contradice el sentido literal de sus propias palabras. Tamaño acto de humildad —poco habitual entre los políticos— puede ser tenido en cuenta como un atenuante, pero se convierte en pura hipocresía y electoralismo si no va acompañado de la renuncia al cargo. No olvidemos que el 8-M se convocó para sacar de él réditos electorales. Y Vistalegre, también. Si Abascal y el resto de los líderes de la oposición no renuncian pero, en beneficio propio, sólo utilizan la masacre para incriminar al gobierno, ellos mismos reproducen aquéllo que supuestamente afirman combatir.

Las plataformas cívicas que se organicen para exigir al gobierno la necesaria rendición de cuentas por la extensión evitable de la pandemia, deben rechazar a todo trance ser manipuladas por los partidos de la oposición como herramienta de desgaste del gobierno. Y han de subrayar y recordar en todo momento que, aunque haya diferentes grados y tipos de responsabilidad en la apocalíptica propagación del coronavirus en España, ningún líder político se salva de la quema: todos deben ser inhabilitados o abandonar las instituciones públicas de forma voluntaria, por decencia democrática, para no volver a ellas nunca jamás.

Figueres, la Marca Hispànica, 27 de marzo de 2020.

VOX Y LA POLÍTICA GENOCIDA DE TRUMP FRENTE AL CORONAVIRUS

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