ES YA UN HECHO PROBADO QUE CDC SE FINANCIABA MEDIANTE LA EXTORSIÓN DE EMPRESAS PARA LA CONCESIÓN DE OBRAS O SERVICIOS DE LA GENERALITAT. La firma Ferrovial, propiedad de las judías Koplowitz, pagaba gustosamente comisiones —que luego recuperaba con creces repercutiéndolas de forma ilegal en los costes— a cambio de ganar los correspondientes concursos amañados y monopolizar así suculentos beneficios de la gran obra pública catalana. Por supuesto, todo ello se perpetraba a costa del contribuyente, que era quien pagaba a la postre los sobreprecios y las mordidas. Tras la resolución, que ya es firme, se observan ominosos silencios entre los personajes políticamente más afectados por este auténtico evento histórico. Silencio de Jordi Pujol i Soley, el principal responsable moral y político del caso Palau en cuanto urdidor de la trama del 3% toda. Silencio de Artur Mas, mano derecha de los mafiosos Pujol —el Clan del Pinyol—, inhabilitado pero con pretensiones de volver a la política para restaurar el espacio del catalanismo moderado que él mismo destruyó e todos los sentidos de la palabra. Silencio del PDeCAT, continuación de CDC con otra sigla y hogaño ya implicado en nuevos casos de corrupción. Silencio de Carles Puigdemont, un  cantamañanas pseudo patriótico cooptado por Artur Mas —e involucrado también en otro caso del 3% durante su etapa como alcalde de Girona—,  cuya sigla favorita JxCat está constituida por la coalición de CDC —la sigla condenada— y PDeCAT.  Silencio de Quim Torra, títere-payaso de Carles Puigdemont que se ha distinguido, entre otras delicatessen racistas, por calificar de bestias con forma humana a todos aquellos catalanes que, como Jaume Farrerons en los servicios penitenciarios de la Generalitat, desafiaron las directrices mafiosas del Clan del Pinyol y pagaron muy cara su defensa de la legalidad democrática.

Según informa el diario El País:

Entre 1999 y 2009, Convergència, que entonces era el “partido hegemónico” en Cataluña según lo describe la sentencia, se financió de forma irregular. Ese periodo incluye los últimos años de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat, pero también los de Artur Mas como jefe de la oposición. Por entonces, el delito de financiación ilegal de partidos políticos no estaba tipificado en el Código Penal. El Supremo ratifica que el partido se comprometió a adjudicar obras públicas a Ferrovial a través de las administraciones (locales y autonómicas) en las que gobernaba. El Palau servía como mero intermediario en esas transacciones ilícitas. Ferrovial camuflaba los pagos como contratos de patrocinio de la institución. Las cantidades se correspondían al 4% del importe de la obra: el 1,5% se lo quedaban Millet y Montull por los servicios prestados y el 2,5% restante iba a parar a las arcas del partido mediante entregas en efectivo a través de los tesoreros, convenios simulados con la fundación afín al partido Trias Fargas y servicios presuntamente prestados al Palau pero que, en realidad, disfrutaba Convergència. La Ciudad de la Justicia de Barcelona —donde se celebró la vista oral— o la línea 9 del metro de Barcelona son dos de las obras para las que se pagaron mordidas.

Para Vozpopuli:

Tráfico de influencias. “Existe prueba suficiente para tener acreditada de modo inequívoco, la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias”. Así lo han concluido los magistrados en su resolución sobre los acusados tras apreciar un “intercambio de favores, donde todos resultan favorecidos”, en una cadena de “dinero por favores”, que se traduce en la “esencia de la corrupción”. En el caso de Ferrovial, las mordidas se simularon bajo el patrocinio de las actividades del Palau. El dinero llegó luego a CDC a través de convenios simulados con CatDem, fundación afín al partido. Los jueces han concluido que “estas cantidades que ingresa Ferrovial en cuentas del Palau, en principio, son equivalentes a las que salen en favor de Convergència, si sumamos las que por su intermediación se quedan para sí los Srs. Millet y Montull”.

Según Eldiario.es, que cita la sentencia, la entera administración autonómica estaba involucrada en la perpetración y ocultación de estos delitos por lo menos hasta el año 2009:

“Las dádivas, la comisión porcentual de obra pública adjudicada, llegaron periódicamente a Convergencia hasta 2009”, zanja el Supremo. Es más, el Supremo considera que el esquema corrupto solo fue posible debido a la posición “hegemónica” de Convergència bajo los gobiernos de Jordi Pujol, un dominio que llevó al partido a tener, según el Alto Tribunal, “la administración colonizada”.

Sin embargo, el fenómeno del mal llamado 3% –en realidad los porcentajes de las mordidas eran superiores a esa cifra simbólica— no se limita al caso Palau. Existen muchas otras investigaciones abiertas sobre nuevos e innumerables casos que afectan, en efecto, al conjunto de la Generalitat de Catalunya. Así lo advierte el juez De la Mata:

El magistrado, sin embargo, avisa que la estructura de financiación ilegal y posterior blanqueo en Convergència “no se limita a los períodos temporales y actividades investigadas en esta causa”. Según consta en el auto, desde 1999 se recibieron en el partido “grandes cantidades de dinero en efectivo” en concepto de “comisiones” para “asegurar el flujo de adjudicaciones” . Estrategia de financiación ilegal.  (…) En este sentido, De la Mata considera que la estructura que se investiga en la Audiencia Nacional “no se conforma de manera asistemática y casual, sino ante una estrategia cuidadosamente planificada e implementada para financiar ilegalmente a CDC, en forma encubierta”. A su juicio, todo corresponde a “un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo, ordenado de acuerdo con las directrices emanadas de la cúspide de la organización”.Según dice, el liderazgo de esta organización estaba integrada por “varias personas, que se ocupaban de implementar la estrategia acordada por los líderes y distribuir los fondos ilícitos obtenidos”. Insiste en que no se trata de un grupo de personas concertados para la comisión de un acto delictivo, sino de una “estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado”. Dicho patrón, añade, era implementado por “los responsables del área económico-financiera de CDC” para “financiar ilícitamente al partido político mediante la venta de influencias en la adjudicación de contratos públicos”. “Abuso de poder”.  El magistrado sostiene que todos los implicados en la trama actuaron con un solo fin: “subvertir el estado de Derecho y, mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una financiación ilegal para el mismo, acarreando un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio al propio erario público”. Blanqueo de capitales. El juez acredita que la estrategia para el financiamiento ilícito del partido “se ha implementado durante años, con un perfecto despliegue territorial e institucional, y con la colaboración de empresarios conniventes, por un lado, y de autoridades y funcionarios públicos próximos a CDC, por otro”.

CARRER LA MARCA continuará, por tanto, informando sobre lo que constituye el proyecto de convertir Cataluña en una república bananera gobernada por una banda de mafiosos, de ideología liberal-sionista, no nacionalista, cuya postrera estrategia consiste en promover un Estat propi (suyo en propiedad) que representaría la continuación agravada de la etapa autonómica, a saber, un país donde jueces corruptos —nombrados a dedo por estos delincuentes con corbata— ampararían la total impunidad del Clan del Pinyol.

Figueres, la Marca Hispànica, 2 de mayo de 2020.

SOROS RESCATÓ LA EMPRESA DE LAS KOPLOWITZ IMPLICADA EN LA TRAMA DEL 3%

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