EL DEFENSOR DEL PACIENTE HABLA DE GENOCIDIO. El presidente Pedro Sánchez impone el estado de alarma por decreto y confina la capital, entre otros municipios madrileños, para impedir un genocidio promovido por la derecha neocon. Isabel Díaz Ayuso, la Trumpa de Madrid, lo intentó por todos los medios, pero, de momento, aunque el número de sus víctimas en la Comunidad de Madrid es ya importante —disparando así las cifras españolas y la tasa de mortalidad nacional por Covid-19 a niveles superiores incluso a los de EEUU—, ha fracasado en su plan de perpetrar una auténtica matanza que afectaría, sobre todo y para entendernos, a miles de ancianos que no pueden pagarse un seguro médico privado, entre otros colectivos “improductivos”. El presidente español ha tenido que recurrir al decreto ante la actitud obstruccionista de Díaz Ayuso y sólo con el fin de desarmar su sabotaje —trumpesco y bolsonaresco— a las medidas sanitarias gubernamentales. La criminal Díaz Ayuso espera sin embargo, en las próximas horas, el apoyo de Vox para perpetrar el anhelado genocidio de los pobres, una suerte de sacrificio ritual —anatema bíblico— neoliberal de obligado cumplimiento para los políticos sionistas cristianos, quienes deben manifestar así su sumisión y lealtad al pueblo escogido y al Estado de Israel para poder aspirar a cargos más importantes en el New World Order [nuevo orden mundial]. 

201.316 MUERTOS O EL GENOCIDIO DE TRUMP

ESTADO DE ALARMA POR DECRETO PARA IMPEDIR EL CRIMEN DE LA DERECHA

Reproducimos a continuación el artículo de El Mundo donde se confirma el establecimiento del estado de alarma en Madrid, en consecuencia, el confinamiento de la ciudad.

Pedro Sánchez decreta el estado de alarma en Madrid e Isabel Díaz Ayuso denuncia que se niega a negociar

MARISOL HERNÁNDEZ @MsolHernandez Madrid

Viernes, 9 octubre 2020 – 17:41

La presidenta madrileña pidió más tiempo al jefe del Ejecutivo, pero éste le ha trasladado “que hay que proteger la salud publica ya”

El Consejo de Ministros ha aprobado en la mañana de este viernes la declaración de estado de alarma contra el coronavirus en la Comunidad de Madrid con las mismas medidas que había vigentes. Horas después se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 900/2020 del 9 de octubre, por el que se declara durante 15 días el estado de alarma en nueve municipios de Madrid, incluida la capital. Las medidas entraron ya, por tanto, en vigor.

El confinamiento supone el cierre de la capital y de otros municipios madrileños de más de 100.000 habitantes, donde la incidencia de contagios es superior a 500. La aprobación de esta figura excepcional se ha producido pese a que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con la reunión del Gobierno ya iniciada, ha mantenido una conversación con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para intentar pactar una orden conjunta.

Fuentes de Moncloa confirmaron a este diario que hablaron unos minutos y aunque la Comunidad de Madrid pidió más tiempo, Sánchez le trasladó “que hay que proteger la salud publica ya” con el estado de alarma. No obstante, han acordado que en los próximos 15 días los equipos seguirán hablando de los escenarios.

La conversación, según fuentes del Gobierno, se ha producido con el Consejo de Ministros ya empezado, presidido por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya que Sánchez se encuentra en Barcelona en un acto junto al Rey. Justo antes de comenzar, Calvo ha llamado al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, para comunicarle que arrancaba el Consejo de Ministros y Ayuso no se había puesto en contacto con el presidente del Gobierno.

“LAS MISMAS MEDIDAS”

Esto ha sucedido después y el Ejecutivo ha optado por seguir con su plan de aprobar el estado de alarma, que restringe las salidas y entradas a la capital, aunque permite continuar con la actividad laboral, comercial y escolar. La declaración del estado de alarma se limita, según informó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a “las mismas medidas” que ya estaban contenidas en la orden ministerial suspendida en los tribunales.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado el despliegue de más de 7.000 policías que actuarán en las carreteras de salida de la capital y en aeropuertos y estaciones de trenes y autobuses. También en las salidas y entradas de las localidades madrileñas con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Desde el entorno de Ayuso se ofrece otra versión de los hechos. Aseguran que “Sánchez se ha negado a negociar la orden de la Comunidad de Madrid”. El Gobierno había ofrecido a la Comunidad de Madrid tres alternativas para dar cobertura legal a las medidas que el Ministerio de Sanidad impuso y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado porque la orden ministerial que las avaló y que la región usó para solicitar la autorización judicial no permite la vulneración de derechos fundamentales como la libre circulación.

LAS ALTERNATIVAS DE SÁNCHEZ A AYUSO

Uno, que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dicte una orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que es el camino que han tomado todas las autonomías que han restringido movimientos.

Dos, que solicite la declaración del estado de alarma para que sea el Gobierno conjuntamente con la Comunidad de Madrid quien lo declare y ratifique las medidas en cuestión. Y tres, que sea el Gobierno de España quien declare el estado de alarma, sin necesidad de que se formule previamente una solicitud.

La última vía es la que ha salido adelante. Fuentes de la Comunidad de Madrid sí validan la versión del Gobierno de que la llamada entre Ayuso y Sánchez se ha producido con el Consejo de Ministros ya empezado. Exactamente a las 12.25 horas de la mañana.

Prácticamente, el estado de alarma ya había sido aprobado. Madrid ve en ello que no había voluntad del Gobierno, porque ya había trascendido que lo iban a hacer. No obstante desde Moncloa se añade también que en la conversación con la presidenta madrileña el jefe del Ejecutivo le ha pedido que respalde la declaración del estado de alarma y “la respuesta de Díaz Ayuso ha sido no”, 

UNA DECISIÓN ‘EXPRESS’

Después de que este jueves el Gobierno intentara cerrar una reunión con el equipo de la dirigente madrileña para dar una salida al varapalo judicial del TSJM, al filo de las 10 de la noche el Ejecutivo comenzó a presionar con la declaración de estado de alarma, incluida en dos de las tres opciones la oferta de Moncloa a Ayuso.

En todo momento desde Madrid se mantuvo que su intención era modificar su orden anterior -la que avaló con consentimiento las primeras restricciones de limitación de la movilidad en algunos distritos-, pero para rebajar el número de zonas, donde se ha reducido el número de contagios. La Comunidad mantiene que su plan, más laxo que el del Gobierno central, está funcionando.

Fuentes de la región apuntan que este jueves, a las 12 de la mañana, el director el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y la secretaria de Estado, Silvia Calzón, felicitaron al viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad, Antonio Zapatero, y a la directora general, Elena Andradas, por “la buena evolución de los datos en Madrid”.

Díaz Ayuso ha fracasado, pues, pero deja tras de sí un reguero de miles de muertos en las residencias de ancianos madrileñas.

BOLSONARO ACUSADO DE GENOCIDIO ANTE EL TRIBUNAL DE LA HAYA

LAS FECHORÍAS DEL NEOLIBERALISMO AYUSIANO EN MADRID

Ayuso mintió para encubrir la discriminación a que fueron sometidos las personas con discapacidad o dependientes afectadas por la pandemia:

La Comunidad de Madrid envió al menos cuatro correos para excluir de hospitales a ancianos de residencias

Mensajes de un alto cargo de la Consejería de Sanidad vistos por EL PAÍS prueban que las órdenes de triaje no eran solo borradores ni se enviaron por error, como han defendido Ayuso y Escudero

Comunicaciones internas de la Comunidad de Madrid muestran que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han dado explicaciones incorrectas sobre los protocolos de derivación a hospitales desde las residencias. Ayuso y Escudero han dicho que su Gobierno no dio orden de excluir a personas con discapacidad o dependientes y que un documento que llegó a las residencias era un borrador que se envió por error. Pero en varios correos electrónicos vistos por EL PAÍS, un alto cargo de la Consejería de Sanidad solicitó que se enviaran esos protocolos firmados por él a las 475 residencias de Madrid.

Carlos Mur de Víu, director de coordinación sociosanitaria, envió al menos cuatro correos a la Consejería de Políticas Sociales pidiendo dar traslado de los protocolos de triaje, el 18, 20, 24 y 25 de marzo. Esos documentos, todos firmados digitalmente por él, fueron la guía que siguieron hospitales y residencias para descartar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con covid-19. Como explican los documentos, el fin era evitar el colapso de la sanidad madrileña. Pero, según los hijos y nietos de residentes a quienes fue denegada una hospitalización, la Comunidad de Madrid sacrificó las vidas de sus familiares para lograr ese fin.

Alrededor de mediados de abril, cuando la presión en los hospitales disminuyó, los mayores de residencias volvieron a ser admitidos de modo generalizado. Desde el 8 de marzo hasta el viernes habían muerto en residencias 5.986 enfermos con covid-19 o síntomas, según el conteo más reciente de la Consejería de Políticas Sociales. Un 88% de esas muertes se produjo hasta el 17 de abril, durante el periodo en que los hospitales negaron ingresos de residencias.

Mur de Víu envió estos correos electrónicos a la Consejería de Políticas Sociales, competente para regular y supervisar las residencias, así como a otros altos cargos de su consejería. El objetivo de sus mensajes, como explica en dos de ellos vistos por este periódico, es: “Racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos”.

“En espera de la dotación adecuada de profesionales y EPI (equipos de protección individual) en residencias, debemos ayudarles en el suministro y en los traslados racionales desde los hospitales”, dice en un correo del 20 de marzo. El protocolo que Mur de Víu firmó el día 20 de marzo contiene cinco criterios de exclusión para pacientes con infecciones respiratorias que vivan en cualquier residencia sociosanitaria de Madrid, incluidas las de personas con discapacidad. Quedaron excluidos los pacientes que se encontraran anteriormente en estado terminal y los dependientes de acuerdo al índice de Barthel, una escala que mide la autonomía de las personas del 0 al 100.

Tras fuertes críticas y debate interno, la Consejería de Sanidad rectificó la exclusión de las personas con discapacidad de cualquier edad, que ya no aparece en las últimas dos versiones del protocolo. También fue rebajado el nivel de autonomía del paciente en el índice de Barthel, de 60 a 25.

En ese correo del 20 y otro del 24 de marzo, Mur de Víu ruega a sus compañeros de la Consejería de Políticas Sociales que remitan los documentos a las residencias de Madrid. En ambos advierte sobre la continua evolución de los criterios. “Dichas recomendaciones van siendo forzosamente actualizadas según la evolución de la pandemia y de los recursos disponibles”, expone.

Fragmento de los Protocolos de los Sabios de Madrid donde se establece la exclusión de ciertas personas que serán abandonadas a su suerte para ahorrar dinero y poder pagar así más dietas y coches oficiales a los políticos.

La Comunidad anunció el 13 de mayo la destitución de Mur de Víu, poco después de la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, por la disputa interna sobre si Madrid debía pasar de fase durante la desescalada. El puesto de Mur de Víu lo ocupa Javier Martínez, uno de los 22 geriatras que elaboraron los documentos. Martínez tuvo la decisión de los traslados al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles desde más de 40 residencias de esa zona.

Mur de Víu no ha respondido a varios intentos de comunicación por parte de este periódico y Martínez declinó hacer declaraciones.

Ayuso y Escudero han hecho una defensa contradictoria de los protocolos, negando primero que existiera ninguna orden y luego cambiando de versión para decir que se envió por error uno de los documentos. Alegan que cada decisión de traslado se adoptó “de acuerdo a criterios clínicos”. Escudero dijo este sábado que el documento final no excluyó a dependientes, lo cual no es cierto.

La Comunidad ha apuntado que durante toda la pandemia 10.300 residentes han sido trasladados a hospitales, añadiendo que el pico de traslados se produjo el 6 de abril, con 206 derivaciones. Pero según múltiples testimonios de familiares de fallecidos en residencias, las negativas fueron casi generalizadas en el período más crítico de la pandemia, entre mitad de marzo y mitad de abril. Algunos familiares e incluso una directiva de una cadena de residencias han asegurado que se llegó a descartar únicamente con el criterio de la edad avanzada de los enfermos.

En defensa de los protocolos salió este domingo la Sociedad Española de Geriatría. Su presidente, José Augusto García Navarro, dijo en un comunicado que el único culpable de las muertes en residencias es el coronavirus.

Como reveló este periódico el viernes, el consejero de Políticas Sociales advirtió a Escudero en dos correos electrónicos del 22 de marzo de que los protocolos podrían suponer la muerte indigna de residentes y que podrían acarrear “graves consecuencias legales”.

El PSOE coincide con Más Madrid y Unidas Podemos IU Madrid en Pie en pedir el cese de Escudero, mientras que Vox reclama la destitución de Reyero. Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ha enviado este martes un escrito al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. En él solicita su intervención ante el Gobierno de la Comunidad de Madrid “para esclarecer lo que ha ocurrido y está ocurriendo en todas las modalidades de residencias para mayores de la comunidad, depurar las responsabilidades correspondientes a la gestión desarrollada y realizar un informe público con el resultado de las investigaciones y actuaciones oportunas”.

Fuente: https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-08/la-comunidad-de-madrid-envio-al-menos-cuatro-correos-para-excluir-de-hospitales-a-ancianos-de-residencias.html

La derecha y la extrema derecha acusaron finalmente… ¡¡¡a Pablo Iglesias!!! de lo sucedido en las residencias.

LOS PAÍSES CON MÁS VÍCTIMAS DE COVID-19 ESTÁN MANDATADOS POR FUNDAMENTALISTAS BÍBLICOS COMO SANTIAGO ABASCAL

LOS ANCIANOS SIN SEGURO PRIVADO TENÍAN QUE MORIR

En las residencias de ancianos administradas por “La Trumpa” de Madrid, los ancianos sin seguro médico privado no eran trasladados a los hospitales y se les condenaba así a muerte:

Un empresario de hospitales y otro de residencias desmontan la defensa de Ayuso en la crisis de los geriátricos

Los primeros testigos de la comisión que investiga la tragedia confirman que los mayores con seguro privado pudieron salvarse

Un empresario del sector sanitario privado en Madrid y otro de la patronal de residencias han confirmado este viernes lo que ya se conocía por investigaciones periodísticas desde hace meses: a los mayores de residencias de Madrid se les denegó la asistencia sanitaria para evitar el colapso de los hospitales, la medicalización de las residencias es un invento de la Comunidad de Madrid y quien tenía más dinero pudo salvarse.

Ángel Díaz Briñas / Europa Press

14/04/2020

Comienza la investigación política de la crisis de las residencias en Madrid, un nuevo frente para Ayuso

La Comunidad de Madrid nunca envió a los hospitales privados los protocolos de triaje, según ha dicho en la Asamblea de Madrid el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca: “No lo hubiéramos permitido”. Esos documentos sí fueron distribuidos en los hospitales públicos y las residencias tuvieron que acatarlos, según ha añadido el presidente de la Federación Española de Dependencia (FED), Ignacio Fernández Cid: “Lamentablemente la gran mortalidad la tuvimos en las residencias y eso confirma el hecho de que no tuvimos derivaciones hospitalarias”.

Abarca y Fernández Cid han intervenido en la primera sesión de comparecencias de la comisión que investiga las responsabilidades políticas por la tragedia de la primavera. Fue un drama que hizo tambalear al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso entonces y ahora se convierte en un nuevo dolor de cabeza que se suma a sus otros frentes abiertos durante la segunda ola. Irónicamente ambos testigos han sido propuestos por los dos partidos del Gobierno regional. Abarca, por el PP, y Fernández Cid, por Ciudadanos.

El presidente de HM Hospitales ha descrito cuáles fueron las normas que estuvieron en vigor en marzo y abril durante la crisis de las residencias que causó la muerte a miles de ancianos. Sus siete hospitales nunca estuvieron sujetos a los protocolos de exclusión así que los pacientes de residencias asegurados pudieron encontrar una cama en sus hospitales durante el tapón hospitalario en Madrid. “No conozco el protocolo. Lo que sí le puedo decir es que no hicimos discriminación por edad ni por ningún tipo de motivos”, ha afirmado durante el interrogatorio de los diputados. HM Hospitales es una empresa familiar que tiene siete de sus 17 hospitales en Madrid y da servicio a pacientes con cobertura de las grandes aseguradoras. Abarca también preside la Fundación Iris, que representa al sector sanitario privado.

Sus declaraciones confirman lo que ya reveló este periódico en junio: los hospitales privados tuvieron sus propias normas durante lo peor de la crisis. La tarjeta del seguro privado fue un salvoconducto para escapar de la trampa mortal de las residencias y acceder a una cama de hospital.

El presidente de la FED ha dicho por su parte que la causa de las casi 6.000 muertes de residentes en Madrid fue el bloqueo de los hospitales. “(Es) lamentable que se diga tú sí, tú no, ¿que estamos en un colapso del sistema sanitario? Pues sí, pero los residentes también son personas”, ha afirmado Fernández Cid, que es también presidente de Casablanca, un grupo que tiene ocho residencias en Madrid. Este empresario ha confirmado que sus residencias recibieron los protocolos de triaje y que tuvieron que acatarlos, desmintiendo así a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quienes aseguraron que los protocolos eran borradores.

“Cuando nosotros detectábamos que tenía un seguro privado inmediatamente llamábamos al hospital privado y se le derivaba al hospital privado, por supuesto”, ha añadido Cid. “Buscábamos las vueltas para que esa persona recibiese la atención sanitaria oportuna y sí se derivaba al hospital privado, claro que sí”.

En un momento de su comparecencia, Fernández Cid ha hecho una breve pausa, emocionado al recordar a sus trabajadores en las semanas más duras: “Gente llorando por las esquinas, no se puede usted imaginar, y encima diciendo ¿qué estamos haciendo mal?, se nos están muriendo… Esa era nuestra realidad, totalmente desbordados. Y después a las nueve nos culpaban en el telediario”.

Los protocolos que elaboró la Comunidad de Madrid pedían a los hospitales públicos limitar la admisión de pacientes de residencias con alto grado de dependencia. Casi 6.000 mayores murieron por covid-19 dentro de las residencias entre mediados de marzo y hasta mediados de abril mientras los hospitales de Madrid estuvieron al borde del colapso. Durante esas semanas se redujo drásticamente el número de mayores de residencias hospitalizados. La Comunidad creó el 13 de marzo un grupo de 22 geriatras que se repartieron el control de las hospitalizaciones procedentes de las 473 residencias de Madrid. El entonces director de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur de Víu, centralizó la redacción de estos protocolos, de los cuales hubo varias versiones. La final, del 25 de marzo, recomendaba a los geriatras rechazar a los mayores de residencias con dependencia para aliviar así la presión sobre los hospitales.

El 12 de marzo, la Comunidad creó un mando único que unía la sanidad pública y la privada bajo una misma coordinación. Pero los mayores de residencias enfermos sin seguro privado solo fueron derivados a hospitales públicos, a excepción de 15 personas que fueron hospitalizadas en la zona privada de la Fundación Jiménez Díaz.

Los hospitales privados sí recibieron a residentes enfermos sin seguro de modo indirecto: llegaban enviados desde hospitales públicos. “Desde las residencias nunca llegaron pacientes. Venían siempre desde el hospital público”, ha dicho Abarca. “De hecho no sé exactamente el número de pacientes que venían de residencias porque para mí constaban siempre que venían de hospitales públicos”.

“Atendimos a 600 pacientes de la sanidad pública, de los cuales, buceando en las historias, nos salen 182 pacientes de residencias, de los cuales 33 tenían cobertura pública, sin seguro, y 149 con seguro privado”. Según Abarca sus hospitales se saturaron hasta el punto de que tuvieron que denegar el ingreso a pacientes con seguro.

Abarca no precisó este viernes la fecha de esas derivaciones desde residencias, pero el 23 de abril escribió en un blog que en las semanas previas se habían muerto mayores de residencias sin oportunidades.

“Siguen llegando mayoritariamente a los hospitales enfermos de residencias, muy mayores y muy malitos que al menos, al llegar al hospital, tienen alguna oportunidad. No como pasó en semanas anteriores”. “Lo que ha pasado con nuestros mayores ha sido terrible y muy injusto”, añadió.

El 27 de abril, cuando había pasado lo peor de la crisis, Abarca volvió a escribir una reflexión en la que responsabilizaba a las Administraciones autonómicas y locales: “Lo ocurrido en muchas residencias ha sido simplemente indescriptible. La falta de control de las Administraciones autonómicas y locales ha dejado un reguero de muertos que nos avergüenza como sociedad y debería llevar, por sí mismo, a replantear toda la estrategia sociosanitaria del país”.

Abarca también ha sido crítico con el Gobierno central. Ha señalado al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dirigido por Fernando Simón como el principal responsable de las muertes porque, añade, si hubiera reaccionado en febrero antes habría evitado el contagio.

Este invitado del PP a la comisión ha evitado este viernes las críticas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Se ha excusado sobre sus reflexiones durante la crisis: “Lo escribía a diario, fruto de un desahogo”.

El representante de la patronal, Fernández Cid, ha desmontado la ficción de la “medicalización” de residencias. Según el consejero Escudero, la Comunidad medicalizó 232 residencias, pero el presidente de la patronal lo ha negado. Ha dicho que los geriátricos madrileños no han recibido ningún refuerzo sanitario extraordinario. No tuvieron ayuda durante la crisis y tampoco ahora tienen unos recursos adicionales: “Ahora desde atención primaria o, mejor dicho, desde los hospitales, viene algún médico a la residencia. Eso para nosotros no es medicalizar la residencia”, ha dicho Fernández Cid. “Es lo que debiera ser lo normal. El sistema sanitario dando servicio a personas mayores dependientes”.

Además de los dos empresarios ha intervenido un representante de las familias, Miguel Vázquez, propuesto por el PSOE. Vázquez también ha hablado de las muertes por abandono. “Tengo constancia de muchas familias que no podían trasladar a sus mayores a hospitales: de finales de marzo a mediados de abril”. Cuando los hospitales reabrieron sus puertas trataron a mayores en malas condiciones. “Se han derivado residentes a hospitales que entraron sedientos”, ha añadido.

Los diputados de esta comisión de 18 miembros guardaron al inicio un minuto de silencio por los fallecidos. Es la primera sesión de comparecencias de 21 previstas a lo largo de un año. Los partidos han propuesto la intervención de líderes políticos como Ayuso, el presidente Pedro Sánchez y varios miembros de sus respectivos Gobiernos. Los diputados han decidido que primero hablen quienes estuvieron en primera línea y más adelante, el año que viene, lo hagan los políticos. Para entonces sus explicaciones serán quizás más difíciles de aceptar.

Fuente: https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-09/un-empresario-de-hospitales-y-otro-de-residencias-desmontan-la-defensa-de-ayuso-en-la-crisis-de-los-geriatricos.html

MILITARES EXTRANJEROS ENFERMOS EN OCTUBRE Y CIVILES CHINOS INFECTADOS EN DICIEMBRE: ¿QUIÉN CONTAGIÓ A QUIÉN?

EL DEFENSOR DEL PACIENTE ACUSA A LA DERECHA DE GENOCIDIO

Aunque los juzgados, de forma vergonzosa, han amparado las criminales políticas neoliberales de la derecha que condujeron al exterminio de unos 6000 ancianos sin recursos, la Asociación El Defensor del Paciente no vacila en hablar de genocidio:

Defensor del Paciente denuncia “genocidio” en las residencias de Madrid

La institución reclama a Pablo Iglesias que retire las competencias al Gobierno de Ayuso, Castilla y León y Cataluña

ELPLURAL.COM Jueves, 23 de abril de 2020

La Asociación El Defensor del Paciente ha pedido al vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, que “de forma inmediata” se retiren las competencias en asuntos sociales a aquellas comunidades autónomas con mayor número de usuarios de residencias de mayores muertos durante la pandemia del coronavirus, como Madrid, Cataluña o Castilla y León.

“Contactamos de nuevo ante el ‘genocidio’ que está ocurriendo con los ancianos en España y, muy especialmente, en la Comunidad de Madrid”, comienza la presidenta de la organización, Carmen Flores, en una carta dirigida a Pablo Iglesias.

Además, señala que el coronavirus ha demostrado la “inacción” y “dejación” de funciones en materia de protección. “Como gobierno, deben conocer y evitar este dislate”, manifiesta, para después añadir que si no actúa “es tan responsable como los que están gestionando las casas de los horrores”.

En este sentido, explica que están “hartos” de recibir llamadas de “familiares indefensos sin información”. Así, detalla que estas familias refieren que son avisadas bien cuando se ha producido el fallecimiento bien “diciendo que, como están peor, les van a sedar sin enviarles donde corresponde que son los hospitales”.

“Muchas muertes que ni queremos ni podemos obviar. Ustedes menos porque son los que tienen que poner orden y concierto. Y no vale lo de las transferencias están pasadas porque, por esa regla de tres, como están pasadas que nos vayan matando y ustedes mirando”, subraya.

Según defiende la asociación en la carta, “si alguien merece cuidado y mimo” son las personas mayores usuarias de centros residenciales, “porque además se paga y bien por cuidarlos y no dejarlos morir”.

“Esperamos que tomen medidas inmediatas para acabar con esto, una sinrazón que se habría podido evitar en gran medida porque los ancianos no salen”, ha concluido la asociación.

Fuente: https://www.elplural.com/politica/espana/defensor-paciente-denuncia-genocidio-residencias-madrid_238396102

Así que se ha tenido que imponer el estado de alarma en la Comunidad de Madrid para impedir una nueva matanza de pobres y discapacitados a manos de la derecha neocon. En las próximas horas se producirá, sin duda alguna, el contraataque Vox, que saldrá en defensa de su compinche la Trumpa de Madrid e intentará, siguiendo las instrucciones o el ejemplo de Donald J. Trump, organizar manifestaciones para promover el contagio y provocar el máximo número de víctimasgentiles”.

Figueres, la Marca Hispànica, 9 de octubre de 2020.

VOX RESTAURA LA ESTRATEGIA TRUMPISTA EN ESPAÑA

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